POR LA TIERRA, LA NATURALEZA, LA VIDA Y EL FUTURO
Los pueblos indígenas Mayangnas, Miskitos, Ramas y comunidades étnicas, representados por 336, incluyendo la representación de 10 comunidades de la Moskitia Hondureña, y con la participación de más de 1,200 dirigentes, invitados y observadores, reunidos en la ciudad de Bilwi, del 20 al 26 de febrero de 1998, en el Instituto Moravo "Juan Amos Comenius"
Que el territorio indígena es patrimonio de los pueblos que lo habitan y que por lo tanto es un derecho irrenunciable y la garantía para la preservación de nuestras culturas e identidades.
Que este territorio ha sido objeto de tratados internacionales que respaldan este derecho de posesión milenaria, bajo el sistema de convivencia comunitaria con otras culturas, de respeto a la naturaleza, de aprovechamiento esencial de sus recursos y de herencia histórica de nuestras futuras generaciones.
Que la Constitución de la República en sus Principios Fundamentales "El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución, y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales; así como mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley." Arto. 5 Cn.
Que en el arto. 180 de la Constitución se señala que "Las comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de vivir y desarrollarse bajo las formas de organización social que corresponden a sus tradiciones históricas y culturales". Y continúa: "El Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de sus formas de propiedad comunal y la libre elección de sus autoridades y diputados".
Que históricamente nos hemos visto obligados a defender nuestro territorio comunitario, que nunca ha tenido fronteras, y que hemos estado forzados a definirlas ante la división y separación de nuestras familias por la desintegración, división y repartición en Estados, con fronteras artificiales que han fraccionado y reducido nuestras riquezas.
Que en los últimos diez años hemos realizado innumerables gestiones en la búsqueda pacífica para asegurar la legalización de nuestras tierras ancestrales. Los resultados han sido infructuosos y en el mejor de los casos se han logrado acuerdos que en su mayoría no se llegan a cumplir y existe el eminente peligro de convertirla en tierras del estado nicaragüense.
Que después de muchos reclamos se formó la Comisión Nacional de Demarcación de Tierras Indígenas del Atlántico, bajo el Decreto 16-96 y que inconsultamente se reformó con el Decreto 4-97.
Que esta Comisión Nacional de Demarcación continua teniendo una mayoría de representantes de las instituciones del estado central y una minoría indígena, incumpliendo con los acuerdos del Diálogo Nacional, en donde por primera vez en nuestra historia de supuesta integración. el Presidente de la República se comprometió a reformar la integración de esta Comisión, con una relación paritaria entre los funcionarios del Estado y la representación indígena.
Que esta Comisión Nacional de Demarcación ha sido inoperante, postergando de forma indefinida esta importante tarea amojonamiento, la cual hemos reclamado reiteradamente.
Que las concesiones indiscriminadas, que se han realizado sobre nuestros recursos, está conduciendo a su sobreexplotación, principalmente porque no existe control por parte del Estado, la falta de cumplimiento de las normas y su regulación de los mismos, lo que da lugar a la venalidad y corrupción.
Que se deben respetar los límites de la pesca artesanal por parte de las empresas que realizan la pesca industrial, ya que éste es su principal medio de sobrevivencia.
Que es necesario que nosotros como responsables y líderes de nuestras comunidades asumamos primero el control de nuestros recursos y riquezas para preservarlos, utilizarlos para nuestra propia satisfacción y así preservar nuestra existencia y cultura, quedando demostrado nuestro derecho de propiedad en la histórica sentencia de la Corte Suprema de Justicia que suspendió las concesiones otorgadas tanto por el Gobierno central como por los Consejos Regionales.
Que los Consejos Regionales han sido infuncionales y en la práctica no han dado respuestas a las diferentes demandas que les han planteado la población indígena, creando una ausencia de dirección en nuestro territorio, situación que incrementa el descontrol y abuso de nuestros recursos, el irrespeto a nuestras organizaciones y tradiciones, así como el deterioro de nuestras condiciones de vida.
Que consideramos que el inicio de un nuevo siglo debe estar acompañado de una nueva relación de nuestros pueblos y comunidades con los Estados, la cual debe comenzar con la solución definitiva de nuestro territorio.
Que buscamos la paz, la felicidad, el amor, la convivencia con nuestras creencias y compartir lo que tenemos con quienes nos respeten, siendo esta norma una guía ancestral para nuestra coexistencia con otras culturas, pueblos y naciones.
Que sabemos que tenemos innumerables problemas y una dramática situación económica y social, la cual no será resuelta si no resolvemos primero la propiedad y legalidad de nuestro territorio; la administración de sus recursos y un nuevo marco jurídico que lo regule y garantice.
Que el Consejo de Ancianos es nuestra organización tradicional por excelencia, quienes se merecen el respeto debido y además de ser una ley en nuestras costumbres también está recogido en la legislación nacional.
Que la Asamblea General de Pueblos Indígenas y Comunidades Etnicas es la máxima autoridad tradicional que rige los destinos de nuestros pueblos y comunidades que habitan desde tiempos milenarios en nuestro territorio.
esta magna Asamblea General de Pueblos Indígenas y Comunidades Etnicas en uso de sus facultades, en el marco de sus derechos históricos y la Constitución de la República, así como la soberanía conferida directamente por las comunidades indígenas y étnicas
1. Son patrimonio de los pueblos indígenas y comunidades étnicas todos los recursos en sus diferentes especies, dentro de los límites históricos de nuestro territorio, los cuales deben ser salvaguardados, protegidos y aprovechados por nosotros mismos.
2. Se crea el Gobierno Ejecutivo de la Asamblea General, el cual tendrá los plenos poderes y todas las facultades que le otorga esta Asamblea.
3. Como mecanismo organizativo, el Gobierno Ejecutivo está facultado para integrar como órgano consultivo y de apoyo en su seno a responsables de otros organismos afines a los objetivos antes señalados, así como a especialistas sobre el tema para constituir comisiones especiales.
4. Constituir un sistema de control administrativo y financiero de los fondos de este gobierno, el cual presentará ante la Asamblea General sus informes bajo auditoría, de organismos competentes, para garantizar una correcta administración.
5. Para el funcionamiento de esta estructura de gobierno ejecutivo, las comunidades aportarán de acuerdo a las normas establecidas para el control de recursos naturales (bosques) hasta por la cantidad de 250 metros cúbicos por comunidad para garantizar el financiamiento y funcionabilidad de las comisiones de trabajo.
6. Facultar con amplios poderes al Gobierno Ejecutivo para la administración, control y aprovechamiento de los recursos naturales en nuestro territorio, buscando un equilibrio armonioso con las diferentes instancias involucradas en el manejo de estos recursos. Asimismo, convocar a todas las organizaciones sociales, civiles y religiosas para que conjuntamente con el Consejo de Ancianos convoquen al gobierno central a una segunda fase del diálogo nacional, pero ahora concebido como un diálogo bilateral entre el gobierno central y los organismos de la Costa Atlántica.
7. Por delitos incurridos de corrupción administrativa de los dirigentes serán penalizados con cinco años de cárcel, y suspendidos de por vida a pertenecer al movimiento indígena.
8. Invalidar la existencia de la organización indígena Yatabiksa, por su infuncionalidad, y la falta de respeto a los pueblos indígenas,y comunidades étnicas. Por tanto, esta organización se declara disuelta. Su expresidente el reverendo Mateo Collins tendrán que rendir cuenta al Consejo de Ancianos y al Gobierno Ejecutivo, de su situación financiera y de proyectos presentados a las agencias internacionales.
9. Se desconoce de manera total y categórica a individuos que se hacen pasar por representantes indígenas. Sólo su máxima autoridad, la Asamblea General, puede dar esa representación.
10. Esta Asamblea General de Pueblos Indígenas y comunidades indígenas crea las siguientes comisiones:
LAS TAREAS DE ESTAS COMISIONES SON LAS SIGUIENTES:
Precisar los límites y mapas históricos del territorio indígena, declarando el territorio en su conjunto como objeto de demarcación indígena.
Solicitar el arbitraje para garantizar una justa legalización del territorio y la resolución de contradicciones con otras formas de propiedad.
Solicitar asesoramiento para que en el corto plazo presente una metodología de autodemarcación, en la cual se involucren las comunidades en su definición, planificación, ejecución y evaluación de este proceso.
Definir conjuntamente con las comunidades las unidades territoriales afines para la administración de su territorio y de sus riquezas.
Elaborar un plan de aprovechamiento del 100% de los recursos que se generan a partir de la explotación de la pesca. Este plan significa la organización de las comunidades para la administración del fondo de transferencia que realicen las empresas.
Detener aquellas actividades que como resultado de la explotación y procesamiento de nuestros recursos que están destruyendo nuestro ecosistema y destruyendo nuestro hábitat.
Recursos del mar, lagunas y ríos
Definir de manera clara los límites para la pesca artesanal en armonía con la pesca industrial, así como establecer los acuerdos necesarios para su aplicación. A la vez prohibir la pesca industrial en ríos y lagunas.
Proponer una estrategia para frenar la piratería en nuestra plataforma marina, con el involucramiento de las autoridades gubernamentales, líderes comunales, empresarios y con el concurso de organismos internacionales.
Garantizar la estabilidad de las empresas que actualmente se encuentran laborando en nuestra Costa Atlántica en el propósito de realizar una explotación racional del recurso, evitando su sobreexplotación.
Solicitar a los organismos internacionales especializados en la realización de estudios de la fauna marina, para determinar la capacidad de extracción de los productos del mar en nuestra plataforma marina, determinando a su vez los períodos de veda y restricciones para la captura de especies en vías de extinción. En este aspecto se realizará la coordinación con las autoridades estatales, líderes comunales, empresarios y el organismo internacional correspondiente. A la vez proponer medidas de estímulo a quienes cumplan con garantizar las recomendaciones de este estudio y potenciar durante los períodos no laborales para el mejoramiento de la flota pesquera.
Paralelamente, con la Comisión Asuntos Jurídicos y Legales de la Asamblea General de Pueblos Indígenas y Comunidades Etnicas se procederá a elaborar los anteproyectos de Ley necesarios para que estas medidas que se impulsen en la práctica sean ratificadas por la Asamblea General.
Esta propuesta también se presentará a los organismos internacionales para que sea presentado y discutido con ellos e iniciar las medidas de coordinación necesarias para su cumplimiento.
Acordar medidas inmediatas de protección de los manglares, promoviendo la reforestación en dichos lugares. A la vez que concentrar esfuerzos en detener el despale de los mismos.
Prohibir aquellas técnicas de extracción que continúen destruyendo nuestra fauna marina y exterminando especies en peligro.
Recursos del Bosque y Sotobosque
Dar cumplimiento a la obligación que tienen las empresas respecto a los planes de manejo, bajo la supervisión de las comunidades.
Formular una propuesta inicial para la administración de los recursos, basados en un inventario de los mismos y su actual situación.
Decidir que todo convenio para la exploración y explotación de nuestros recursos debe hacerse con el aval y participación de las comunidades.
En la protección del medio ambiente y nuestro ecosistema, suspender las concesiones que afectan y daña la flora y la fauna, principalmente aquellas formas disfrazadas para destruir nuestras fuentes medicinales.
Proteger e iniciar una propuesta de inventario de las plantas medicinales y para usos farmacológicos.
Minas e Hidrocarburos
Revisar la legalidad de las concesiones para la exploración y explotación de minas e hidrocarburos en coordinación con las comunidades afectadas. De tal forma que se realicen actividades conjuntas con las comunidades y evitar que se utilicen para medios de especulación en el mercado internacional.
Suspender las concesiones de minas e hidrocarburos que dañen o puedan dañar la ecología y nuestro ecosistema.
Promover mecanismos de auditoriaje a las concesiones de exploración y explotación de los recursos naturales, tanto de los ingresos percibidos como de su destino realizados por el Gobierno central y gobiernos regionales.
Exigir a las empresas concesionarias de exploración y explotación de nuestros recursos, instituciones del Estado y organismos internacionales los estudios realizados en nuestro territorio sobre su capacidad y potencialidades.
Normar y garantizar el justo aprovechamiento de la minería artesanal, a la vez que se establecen nuevas formas de relación entre ésta y las empresas mineras.
Los estudios de exploración deben contar con el aval de las comunidades afectadas y aprobar las técnicas utilizadas para evitar daños ecológicos y humanos.
Solicitar de manera urgente a los organismos internacionales de derechos humanos la protección de los miembros del gobierno ejecutivo de la Asamblea General de Pueblos Indígenas y comunidades étnicas,
Presentar a la próxima asamblea general un primer borrador de la constitución que regirá los destinos de nuestros pueblos y comunidades étnicas inspirados en los principios filosóficos indígenas,que se sustenten en la convivencia armoniosa con la naturaleza,la propiedad comunitaria,y la búsqueda de la preservación de nuestras culturas.
Urgir la atención, prevención y control de la epidemia del cólera en las comunidades indígenas afectadas; así como demandar una campaña preventiva para evitar que se afecte a otras comunidades.
Buscar alternativas inmediatas de ubicación a las comunidades indígenas que habitan todavía en las riberas del río Bambana en otras áreas de nuestro territorio.
Sistematizar los esfuerzos para atender de forma inmediata los casos de demandas laborales que se presenten en las respectivas instancias de gobierno.
Promover un encuentro con los trabajadores del mar, tanto buzos como marinos, para atender las demandas más urgentes y solucionar los reclamos pendientes.
Iniciar el impulso de la cultura, mediante la publicación de cuentos y leyendas tradiconales de las comunidades indígenas, y emprender esfuerzos para la promoción de diferentes escuelas de danzas y bailes autóctonos, con el propósito de darlos a conocer nacional e internacionalmente.
Dar atención inmediata a las viudas y huérfanos, principalmente aquéllas que viven en comunidades que han sufrido sequía y no tienen para alimentarse.
Revisar el sistema carcelario en el territorio y proceder a cumplir con el traslado de encarcelados en otras zonas que corresponden a nuestro territorio.
Atender con carácter de urgencia a los buzos que han sufrido daños por la exigencia de traspasar el límite de buceo recomendado.
Conformar las Comisiones Comunitarias en cada comunidad, en donde se integre a un anciano para la coordinación, con un responsable de recursos naturales, uno de demarcación, otro de asuntos jurídicos y uno de asuntos sociales.
Proceder a la conformación de unidades territoriales con los criterios de agrupar comunidades con afinidad natural, social y productivamente.
Convocar a estas unidades territoriales para la coordinación de actividades conjuntas, relativas a los temas señalados: recursos naturales, demarcación, asuntos jurídicos y sociales.
Presentar un plan de defensa de los derechos indígenas, basados en el respeto a los Derechos Humanos en general, y al Derecho de vivir en un ambiente sano, ecológico y que garantice el aprovechamiento de los recursos naturales.
Después de haber definido su objetivos y acciones emergentes a impulsar se procedió a la escogencia de los integrantes del Gobierno Ejecutivo.
| Presidente | Felix Suarez | Lagun Tara |
| Vice-presidente | Ing. Ramón Prado | Tasba Pauni wina |
| Secretario | Ever Gómez | Wasakin |
| Fiscal | Lloyd Cuthberth | Bilwi wina |
| Segundo Fiscal | Agustin Mora | Kum, Wangki |
| Primer Vocal | Antonio Vargas | Santa Clara |
| Segundo Vocal | Rafael Bolaños | Halouver |
| Presidente | Hipolito Nehemias | Kamla |
| Vice-presidente | Simeón Rocha | Bilwi |
| Secretario | Salomon Ramirez Mora | Kum, Wangki |
| Fiscal | Emelda Molina Chow | Sisín |
| Segundo Fiscal | Antonio Talavera | Rosita |
| Primer Vocal | Melida William Padilla | Sandy Bay |
| Segundo Vocal | Roy McCoy Mudya | Waspam |
| Presidente | Stordy Goddfray | Sakling, Wangki |
| Vice-presidente | Samuel Kitler Borge | Asang, Wangki |
| Secretario | Guillermo Maiguel | Prata |
| Fiscal | Rita Reyes Calero | Sandy Bay Lídakra |
| Segundo Fiscal | Alwin Becker López | Paliyumhpa |
| Primer Vocal | Niman Bentan Anderson | Sising, Río Wawa |
| Segundo vocal | Roger Patterson | Prata |
| Presidente | Ruiz Santiago | San Jerónimo |
| Vice-presidente | Julián Castillo | San Andres de Bocay |
| Secretario | Mildred Browns Hall | Río Grande |
| Fiscal | Angel Ortiz Fuentes | Butko, Río Wawa |
| Segundo fiscal | José Osorno Mora | Bilwaskarma |
| Primer vocal | Ceberiano Padilla Cristóbal | Dakra |
| Segundo vocal | José Jarquín Figueroa | Auyapihni |
| Presidente | Ruiz Jackwon | Andris, Wangki wina |
| Vice-presidente | Constantino Rommell | Tasba Raya wina |
| Secretario | Mauricio Cornejo Fernandez | Aniwas wina |
| Fiscal | Baldicio Russbell Genaro | Santa Clara |
| Segundo Fiscal | Nicanor Polanco Wilson | Sukatpin |
| Primer Vocal | Jose Toledo Joneteller | Francia Sirpi |
| Segundo Vocal | Monisto Santiago Dixon | Laguna de Perlas |
La IX Asamblea General de Pueblos Indígenas y Comunidades Etnicas también confirmó como sus asesores generales, tanto del Gobierno Ejecutivo como del Consejo de Ancianos al
Dr. Oscar Hodgson Argüello (Coordinador), al
Dado en la ciudad de Bilwi, a los veintiséis días del mes de febrero de mil novecientos noventa y seis.
Firman 386 delegados de igual número de comunidades.