LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES

Y LOS DERECHOS INDIGENAS

Ponencia presentada por
Humberto Thompson
CEDUPAZ

Nicaragua

INTRODUCCION

La presencia de empresas transnacionales en los territorios indígenas se inicia desde la conquista y colonización europea en el continente americano. Aunque hayan sido inspirado en propósitos más comerciales terminaron por construir un régimen de esclavitud y sometimiento en los lugares donde se asentaron, siendo su principal víctima la población aborigen del Abya Yala.

Presentar la evolución histórica y actual de las empresas transnacionales en Nicaragua representa también una forma de analizar la historia de la conformación de nuestro Estado y las secuelas que dejaron a lo largo de años de intervención y manipulación de las estructuras políticas y administrativas.

Las corporaciones transnacionales no sólo violentaron toda forma de derecho humano para los pueblos indígenas sino que terminaron con la vida misma de dichos pueblos, de tal forma que la población aborigen se redujo en los primeros veinticinco años de aproximadamente 600 mil habitantes a unos 60 mil.

El principal interés ha sido la acumulación de riquezas, a partir de la obtención de materia prima, de mano de obra y condiciones de rápido enriquecimiento. Aunque no menos importante también ha sido la búsqueda de rutas que faciliten el comercio internacional.

Partiendo de esta premisa, puede decirse que los derechos de los pueblos indígenas han estado amenazados desde hace más de 500 años cuando se iniciaron las primeras incursiones en nuestros territorios. Desde el derecho a la vida, a la propiedad territorial, a la forma de obtención de los medios de subsistencia y a preservar sus propias creencias y cosmovisión.

Por eso analizaremos su comportamiento histórico en un breve resumen, a través de los diversos períodos que correspondieron a formas específicas de actuar en nuestro país.

EVOLUCION DE LA PRESENCIA DE LAS TRANSNACIONALES EN TERRITORIOS INDÍGENAS

Período colonial (1502-1821)

En una primera fase, la expedición de los colonizadores españoles fue motivada por el interés económico de los metales preciosos, principalmente el oro, que a su vez implantó un sistema esclavista de explotación de este recurso.

Al inicio fue la remisión de estos minerales a la metrópolis, pero que con la organización de sistemas productivos locales estable y de creciente complejidad terminaron por distanciarse de la orbe metropolitana.

Durante este período se articularon en tres espacios:

Los "enclaves", que eran las localidades en donde se desarrollaban los sistemas productivos dominantes. El enclave constituyó el lugar de extracción minera y de recolección de la producción de especias de la población nativa.

Los "espacios interiores", que cumplían las funciones de apoyo indispensable para la operación de los enclaves

Los "espacios no ocupados" por el sistema colonial, algunos de ellos vírgenes e inexplorados. Otros ocupados por comunidades indígenas dispersas y alejadas de los centros de producción y por consiguiente de rechazo a la actividad colonial.

Otro interés desde el punto de vista geográfico, fue que Nicaragua ofrecía condiciones para una comunicación interoceánica en el istmo centroamericano, a través del río San Juan y el lago Cocibolca, que les permitía una comunicación constante con Europa.

De ahí que las poblaciones principales se construyeron alrededor de los objetivos económicos y de comunicación: El Realejo, León y Granada, ésta última como el centro de actividad político-administrativa. En tanto, que Nueva Segovia, Estelí, Sébaco y Acoyapa por la proximidad a bosques y yacimientos mineros.

Estas ciudades, ubicadas en el Centro del país, constituyeron también la frontera territorial natural delimitada por las condiciones topográficas y climáticas inhóspitas, más allá de las cuales no pudo avanzar la acción colonialista española, que impidió su penetración en la Costa Atlántica.

Esta imposibilidad de penetrar los territorios de los indígenas en la costa Caribe, además de las características agrestes se debió al enfrentamiento que España sostenía contra Inglaterra en esa época.

Esta confrontación dio como resultado que se produjese una relación distinta entre el colonialismo inglés y las poblaciones aborígenes de la costa Caribe.

En la "Costa Atlántica" habitada por diversos pueblos que vivían en grupos dispersos a lo largo del territorio tuvieron relaciones diferentes con las expediciones inglesas. Estas se pueden observar que también a lo interno de las poblaciones indígenas tuvo un impacto diferenciado, tal como lo refiere un estudio sobre la actitud de los miskitus y sumus-mayangnas:

"Con la penetración e influencia inglesa, que duró más de doscientos años (hasta finales del siglo XIX), fueron introducidos a la cultura indígena de la Costa Atlántica nuevos matices (como el uso de los instrumentos de metal, armas de fuego y otros artículos, cuyo acceso transformó la economía indígena) que, luego de una interrelación cultural, fueron incluidos como parte de la cultura autóctona. Esta etapa de la historia de la región no representa un cambio en la naturaleza de la personalidad del indígena sino que, a pesar de esos nuevos elementos, la raíz cultural se mantuvo.

La relación de los británicos con los miskitus no tuvo características compulsivas, como la relación que estableció el colonialismo español con otras regiones de América, sino más bien fue una alianza que tenía el objetivo de consolidar el poderío colonial de Inglaterra. Este fue otro elemento de la influencia inglesa que indispuso a los indígenas en contra de los españoles con quienes Inglaterra se encontraban en guerra en ultramar. [...] En cambio, el impacto de la colonización inglesa en la comunidad sumu se dio de forma indirecta, a través de los miskitus. [...] Los [miskitus] aceptaron la relación de alianza con los ingleses, dado que desde mucho antes tenían relaciones con otras nacionalidades europeas por su ubicación geográfica en las costas del Atlántico, así como por el carácter abierto de su etnia." (Almendárez, 1998).

Es decir, el modelo inglés no profundizó sobre la base económica para la extracción de los productos, no se expandió físicamente sobre el territorio ni desarrollo estructuras urbanas que lo arraigaran como expresión cultural.

En este aspecto resulta de interés mostrar las diferencias de comportamiento de ambas expediciones coloniales, que anticipa la diferencia de modelos de apropiación, relación con las poblaciones nativas y manejo de los recursos.

2. Fracaso del Estado nacional independiente (1821-1909)

La independencia de Centroamérica modificó las relaciones de estos países colonizados respecto a la Corona española, aunque a lo interno de los mismos se continuaron conservando las mismas modalidades de explotación, las que fueron asumidas por los "criollos", es decir, hijos de españoles nacidos en suelo americano. Manteniendo el mismo esquema de producción en tres espacios, los nuevos se dedican a expandirse en los "espacios no ocupados" ampliando la concepción de hacienda señorial hacia nuevas formas empresariales, dirigida a la producción hacia fuera: cacao, caña de azúcar, zarzaparrilla y añil, alentadas por la demanda de "empresas extranjeras de comercialización", las cuales no tuvieron una presencia directa en el país en ese momento.

Los primeros años de las nacientes repúblicas "independientes" en Centroamérica provocaron la parcelización de los territorios sobre la base de la distribución de esferas de control de grupos locales de poder en cada país, al margen de la composición étnica y cultural en toda Mesoamérica.

Esa distribución de poder originó las pugnas internas hasta llegar a la confrontación intrarregional.

Nuevamente, otros empresarios como el "Comodoro" Vanderbilt, un naviero norteamericano interesado en la ruta de tránsito por el río San Juan para acelerar el traslado de los colonos norteamericanos hacia California incide de tal forma que llega a poner como Presidente de Nicaragua a uno de sus agentes, el filibustero William Walker. El primer paso de este presidente fue la implantación de la esclavitud y la concesión de los derechos de tránsito a las empresas del señor Vanderbilt.

Una vez terminada esta confrontación se inició un período de relativa paz social, en la que con la demanda de café se promovió la plantación cafetalera, la cual requería de una rápida extensión territorial y fuerza de trabajo, cuya satisfacción se logró mediante abusivos mecanismos legislativos aplicados a la tenencia de la tierra, en especial a las tierras de las sobrevivientes comunidades indígenas del Pacífico.

Esta relativa estabilidad económica y social es superada con la llegada del general José Santos Zelaya, quien se propone modernizar e impulsar este modelo agroexportador de productos primarios. No obstante, su modelo nacionalista –que implicó una alianza con el capital inglés– provocó una reacción de los empresarios norteamericanos ante la competencia europea, que justificaron la intervención norteamericana de 1909 e iniciando una nueva fase en el modelo de desarrollo del país.

  1. El modelo agropexportador y la sustitución de importaciones (1909-1979)

Las primeras inversiones de capital norteamericano en Nicaragua, durante la intervención militar, se concentraron en la explotación minera, principalmente en la región atlántica, en la zona minera de Pis Pis, en los yacimientos de Rosita, Bonanza y Siuna.

Simultáneamente se establecieron una serie de compañías norteamericanas dedicadas a la explotación de la madera, el hule y banano. Este último llegó a constituir cerca del 30% de las exportaciones, pero que no tuvo mayor éxito, entre otras cosas, por la presencia de la plaga llamada "el mal de Panamá".

También se conoce de una fuerte migración de alemanes que se radicaron en las zonas cafetaleras y madereras, aunque se conoce poco su vinculación con las empresas de su país de origen.

Las empresas extranjeras como United Standart Fruit Company prácticamente dirigían la política económica del país. Su funcionamiento fue de economía de "enclave", bajo la antigua concepción del manejo de espacios territoriales en donde concentraban su actividad productiva y lugares de residencia.

Con el retiro de las empresas norteamericanas, que fueron atraídas por la creciente demanda que requería la industria militar de Estados Unidos, esos "espacios" se convirtieron en lugares desolados y otros en pueblos fantasmas. Tras de sí dejaron un gran desequilibrio ecológico por la contaminación que habían provocado en los principales ríos con el cianuro utilizado para la separación del oro, la tala indiscriminada de más de 400 mil hectáreas de bosque y la reducción de los recursos laborales por las condiciones en que fueron sometidos, quienes constituían esta mano de obra eran principalmente indígenas que no tuvieron más alternativa que regresar enfermos a sus comunidades.

3. El modelo sandinista (1979-1990)

El triunfo de la revolución sandinista provocó que la mayoría de las empresas extranjeras, en especial las norteamericanas por lo general vinculadas al régimen anterior, se retirarán del país.

Muchas de estas empresas pasaron a conformar al Area Propiedad del Pueblo, que eran administradas por instituciones del gobierno. La lógica de estas empresas fue inicialmente gestionar nuevos mercados, en particular entre sus aliados políticos, como lo eran los países de Europa del Este y Cuba.

Para las comunidades indígenas este cambio de propiedad no significó una modificación sustancial en las relaciones; por el contrario para muchos sectores vieron afectados sus intereses al pasar de una relación cuasi patriarcal de los administrares anteriores a una relación impersonal que representaba los nuevos directores estatales, peor aún cuando los asesores extranjeros de estas empresas tenían también un comportamiento diferente no sólo porque el idioma era una barrera, sino por tratarse de otra cultura distinta a la que habían estado acostumbrados.

Por más que el gobierno sandinista trató de facilitar la inversión extranjera, la presión que ejercían las empresas norteamericanas fue más determinante en los posibles inversionistas. Esta misma relación condujo al deterioro de la infraestructura productiva por su falta de renovación y la dificultad que significaba el recambio de tecnología.

4. El modelo neoliberal (1990-1999)

Con la llegada de Violeta Barrios de Chamorro a la presidencia de la República, se inició nuevamente la llegada de capital norteamericano, para reactivar las antiguas empresas, principalmente en el área minera y maderera.

Esta participación del capital extranjero se amplió con empresas de Corea del Sur, Taiwán, Canadá, Australia y de México. Estas empresas también incursionaron la producción de oro y la explotación de la madera y sus derivados.

Para ilustrar el comportamiento de estas empresas vamos a abordar el caso de la empresa coreana "Sol del Caribe, S. A. (SOLCARSA), nombre local de la transnacional Kumyung.

4.1 El caso SOLCARSA

SOLCARSA recibió una concesión por parte del gobierno para la explotación de 60 mil hectáreas de bosques latifoliados en terrenos de las comunidades indígenas. Esta concesión fue "avalada" por la Directiva del Consejo Regional Autónomo de la Región Atlántica Norte. El derecho de explotación incluía además la instalación de una fábrica para el procesamiento de la madera.

El argumento principal de las comunidades fue de que el Estado no tenía derecho de otorgar concesiones sobre sus territorios, en tanto que el Ministro del MARENA negaba la propiedad de los indígenas sobre las mismas.

Con la iniciativa de los concejales Alfonso Smith y Humberto Thompson y diversos organismos no gubernamentales se procedió a la denuncia y de inmediato la comunidad indígena de Awastigni procedió a realizar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia.

Cuando la Corte, meses después, falló en contra de la concesión por inconstitucional, el Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente no dio curso legal a esa resolución, por lo que la Corte Suprema de Justicia notificó al Presidente de la República, Arnoldo Alemán que debía ordenar el cierre de operaciones de la empresa maderera. Ante la demora de ejecutar la orden judicial, se procedió a exponer el caso ante la Corte Interamericana de Justicia.

Durante su período de funcionamiento, la empresa durante un año explotó unas 15 mil hectáreas, caracterizándose por bajos salarios a sus trabajadores y ridículos precios en la compensación a las comunidades indígenas, aproximadamente unos diez dólares por metro cúbico. Incluso se planteó ante la alcaldía correspondiente la exoneración de impuestos, lo cual es totalmente prohibido por la misma Ley.

Cuando se hizo efectiva la resolución, había pasado un año, entonces la empresa coreana dejó abandonados tres mil árboles tumbados cuando se les señaló que habían incumplido los planes de manejo, que desde su inicio también habían sido cuestionados porque no cumplían con los requisitos técnicos.

4.2 Caso PRADA

Ante la ejecución de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de cerrar la empresa SOLCARSA, la fábrica de procesamiento de madera pasó a constituir una nueva razón social denominada PRADA S. A., la cual no era más que una forma encubierta de la empresa coreana SOLCARSA. Sólo que esta vez estaban involucrados algunos empresarios nacionales.

PRADA con el mismo gerente y personal modificaron su funcionamiento: dejan que la extracción de la madera sea cortada por madereros locales y ellos se convierten en "clientes" que les compran la madera.

Actualmente están gestionando nuevas concesiones para la explotación maderera a través de la Alcaldía de ese municipio (Rosita) para continuar el proceso iniciado por SOLCARSA.

Refleja esta situación una clara burla a la legislación nacional, a los derechos de los pueblos indígenas y al Consejo Regional, como la autoridad autónoma para decidir sobre este tipo de casos.

4.3 Las concesiones mineras

Una situación casi similar ocurre con las empresas mineras, en este caso canadienses, que a precios irrisorios compraron los derechos de la anterior empresa estatal y con la promesa de invertir en la zona reiniciaron operaciones. En el caso particular de la Greenstone, en el municipio de Bonanza, su funcionamiento continua contaminando los ríos, en particular el río Bambana, que en sus riberas habitan varias comunidades indígenas sumu-mayangnas, los cuales –como expresan sus dirigentes– "se mueren y no saben ni porqué".

Estas empresas también se les ha reclamado porque los derechos de exploración que disponen les permite despalar amplias zonas boscosas y por practicar la minería a "cielo abierto".

La idea de estas empresas es recuperar su capital invertido en el menor tiempo posible, ya que se trata de una inversión que por no cumplir con todos los requisitos de ley temen ser suspendidas.

Otro funcionamiento anormal de estas empresas extranjeras es el caso de un grupo inversionista que con los documentos obtenidos ante el gobierno procedieron a vender acciones en la bolsa de valores del Canadá. Luego de realizar campañas de publicidad a favor de esta empresa concesionaria, lograron que las acciones en poco tiempo adquirieran un valor de US3.00 la acción hasta US35.00 la misma. Lo que permite afirmar que el capital especulativo es el que está aprovechando los recursos naturales de los pueblos indígenas.

4.4 Las concesiones pesqueras

Las concesiones pesqueras se dieron de forma indiscriminada llegando a constituir una flota en la costa Caribe que con modernas maquinarias han sobreexplotado los recursos del mar, de tal forma que ahora las comunidades están reclamando que se les está quitando su derecho a existir, no sólo porque estas empresas invaden los límites reservados para la pesca artesanal, sino porque también penetran a las lagunas y zonas costeras arrasando con toda vida acuática en los mismos.

Estas empresas funcionan como una "economía de enclave", ya que no contratan a mano de obra local, no tienen base de operaciones en los puertos y su producción pasa directamente hacia la exportación. Tampoco ha significado ningún aporte al mercado local, ya que los productos que consumen –hasta el agua potable- es comprada en el exterior.

Entre las empresas se puede mencionar la transnacional OCEANIC, que es una subsidiaria de empresas norteamericanas.

LAS LUCHAS INDIGENAS ANTE LAS TRANSNACIONALES

Los casos presentados reflejan que las organizaciones indígenas han realizado una fuerte oposición a la presencia no autorizada por las mismas comunidades indígenas de empresa extranjeras a lo largo de la historia.

En la actualidad estas luchas han estado vinculadas a los organismos ambientalistas y ecologistas, a la formación de redes de apoyo para la defensa de los derechos indígenas ante la presencia abrumante de empresas con poderosos respaldos económicos.

Las denuncias y acciones de presión han sido constantes, aunque hasta el momento no se tienen todos los resultados esperados, ya que estas empresas disponen del capital necesario para promover campañas de publicidad a su favor, sobornar a funcionarios públicos y promover una imagen positiva ante la sociedad.

El sistema legal para proteger los derechos indígenas está totalmente viciado, las normativas no están escritas y los procedimientos suelen tener interpretaciones dudosas que permiten a las empresas salir vencedoras.

En este sentido, las propuestas de las organizaciones indígenas se sintetizan en los siguientes aspectos:

Articular la inversión extranjera y el funcionamiento de empresas transnacionales a un Plan de Desarrollo Humano y sostenible de los pueblos indígenas.

Detener aquellas actividades que como resultado de la explotación y procesamiento de nuestros recursos que están destruyendo nuestro ecosistema y destruyendo nuestro hábitat.

Definir de manera clara los límites para la pesca artesanal en armonía con la pesca industrial, así como establecer los acuerdos necesarios para su aplicación. A la vez prohibir la pesca industrial en ríos y lagunas.

Proponer una estrategia para frenar la piratería en nuestra plataforma marina, con el involucramiento de las autoridades gubernamentales, líderes comunales, empresarios y con el concurso de organismos internacionales.

Garantizar la estabilidad de las empresas que actualmente se encuentran laborando en nuestra Costa Atlántica en el propósito de realizar una explotación racional del recurso, evitando su sobreexplotación.

Solicitar a los organismos internacionales especializados en la realización de estudios de la fauna marina, para determinar la capacidad de extracción de los productos del mar en nuestra plataforma marina, determinando a su vez los períodos de veda y restricciones para la captura de especies en vías de extinción. En este aspecto se realizará la coordinación con las autoridades estatales, líderes comunales, empresarios y el organismo internacional correspondiente. A la vez proponer medidas de estímulo a quienes cumplan con garantizar las recomendaciones de este estudio y potenciar durante los períodos no laborales para el mejoramiento de la flota pesquera.

Acordar medidas inmediatas de protección de los manglares, promoviendo la reforestación en dichos lugares. A la vez que concentrar esfuerzos en detener el despale de los mismos. Prohibir aquellas técnicas de extracción que continúen destruyendo nuestra fauna marina y exterminando especies en peligro.

Dar cumplimiento a la obligación que tienen las empresas respecto a los planes de manejo, bajo la supervisión de las comunidades.

Formular una propuesta inicial para la administración de los recursos, basados en un inventario de los mismos y su actual situación.

Decidir que todo convenio para la exploración y explotación de nuestros recursos debe hacerse con el aval y participación de las comunidades. En la protección del medio ambiente y nuestro ecosistema, suspender las concesiones que afectan y daña la flora y la fauna, principalmente aquellas formas disfrazadas para destruir nuestras fuentes medicinales.

Proteger e iniciar una propuesta de inventario de las plantas medicinales y para usos farmacológicos.

Revisar la legalidad de las concesiones para la exploración y explotación de minas e hidrocarburos en coordinación con las comunidades afectadas. De tal forma que se realicen actividades conjuntas con las comunidades y evitar que se utilicen para medios de especulación en el mercado internacional.

Suspender las concesiones de minas e hidrocarburos que dañen o puedan dañar la ecología y nuestro ecosistema.

Promover mecanismos de auditoriaje a las concesiones de exploración y explotación de los recursos naturales, tanto de los ingresos percibidos como de su destino realizados por el Gobierno central y gobiernos regionales.

Exigir a las empresas concesionarias de exploración y explotación de nuestros recursos, instituciones del Estado y organismos internacionales los estudios realizados en nuestro territorio sobre su capacidad y potencialidades. Normar y garantizar el justo aprovechamiento de la minería artesanal, a la vez que se establecen nuevas formas de relación entre ésta y las empresas mineras. Los estudios de exploración deben contar con el aval de las comunidades afectadas y aprobar las técnicas utilizadas para evitar daños ecológicos y humanos.