Bilwi, 9 de marzo de 1998

Ing. Agustín Jarquín Anaya
Contralor de la República

Dra. Claudia Frixione.
Sub Contralora de la República.
Su despacho.

Honorable señores:

El Consejo de Ancianos de la Costa Atlántica quiere felicitarles por el excelente trabajo desarrollado en el control y fiscalización de los bienes y recursos del Estado.

Mediante de la presente, queremos solicitar ante su instancia la intervención de la Contraloría para que se realice una investigación pormenorizada de acuerdo a las normas y procedimientos de su institución en lo siguiente:

1. Revisar las concesiones de exploración y explotación de los recursos de minerales otorgadas en el territorio de la Costa Atlántica, que afectan las tierras indígenas. Esto implica los mecanismos a través de las cuales se otorgaron, tanto los utilizados por el Gobierno central como por los Gobiernos Regionales Autónomos.

2. Hacer una auditoría de los fondos provenientes de éstas concesiones, tanto de explotación como de exploración. Consideramos que en ambos casos se debió actuar de acuerdo a nuestra legislación vigente. Es decir, sujetándose a las normas constitucionales entre ellas arto. 181 de la Constitución y a la Ley de Presupuesto.

3. Realizar una auditoría de los fondos provenientes de las licencias de pesca y de los impuestos sobre los mismos, tanto a los Gobiernos Regionales Autónomos como al Gobierno central, incluyen las multas a los barcos piratas capturados en nuestra plataforma marítima. Es de nuestro conocimiento que todos estos fondos se han manejados a través de mecanismos de discrecionalidad de los funcionarios, los cuales violan diferentes leyes de nuestro país.

Nuestra solicitud se ajusta a las siguientes disposiciones legales, las cuales nos dan el pleno derecho a solicitar ante su honorable persona la necesidad de realizar esta investigación:

Históricamente, desde 1894, el gobierno de Nicaragua se comprometió a través del instrumento legal llamado DECRETO DE REINCORPORACION DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1894. LA CONVENCION MOSQUITIA en su arto. II dice: "Todas las rentas que produzca el litoral mosquito serán invertidas en su propio beneficio, reservándonos así la Autonomía económica, pero dichas rentas serán colectadas y administradas por los empleados fiscales del Supremo Gobierno.

En el arto. 89 de la Constitución, el Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las comunidades de la Costa Atlántica. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales.

El arto. 5 constitucional dice: El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la constitución y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales, así como mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley. Para las comunidades se establece el Régimen de Autonomía en la presente Constitución.

El Estatuto de Autonomía de las dos regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, Ley número 28, en su arto. 15 reconoce como órgano de administración: inciso 3. las autoridades comunales.

El arto. 34 de la Ley de Autonomía señala: La propiedad comunal la constituyen las tierras, aguas y bosques que han pertenecido tradicionalmente a las comunidades de la Costa Atlántica...

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional en la sentencia número 12 del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete, manda a suspender la concesión a la empresa SOLCARSA sobre la base del recurso interpuesto por los señores Alfonso Smith y Humberto Thompson.

Basándose en los argumentos antes señalados la IX Asamblea General de los Pueblos Indígenas y Comunidades Etnicas constituidos por más de 386 comunidades indígenas y étnicas demandaron la intervención de la Contraloría, para que se haga la investigación exhaustiva de lo anteriormente solicitado. Adjuntamos a la presente las resoluciones como fundamento de nuestra solicitud.

Agradeciendo de antemano su respuesta a la presente, lo saludamos muy atentamente.

Rodolfo Rivera Guill

Presidente

Ernesto Scott L.

Secretario

cc: Arch.