Servicio Paz y Justicia en America Latina. (SERPAJ-AL)
Intervención en el punto 23 de la Agenda.
english summary
Oradora: Emma C. Maza
Sr. Presidente:
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 54° Sesión
El Servicio, Paz y Justicia en América Latina (SERPAJ-AL), en estrecha colaboración con la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos de México, desea expresar su preocupación sobre la situación de los Pueblos Indígenas en el contexto de la Decada Internacional para las Poblaciones Indígenas.
En muchos países los Pueblos Indígenas viven en condiciones de pobreza inaceptables. Como por ejemplo en México, cuya población indígena de aproximadamente 15 millones de personas, es tal vez la mayor del mundo, y sin embargo, como lo expresó el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Naciones Unidas, viven una situación de "pobreza endémica, lo que ha acentuado las desigualdades sociales"', constituyendo una "pauta significativa de discriminación racial reflejada en los indicadores sociales y económicos"
Los problemas de propiedad colectiva de la tierra también han sido un problema
constante de los Pueblos Indígenas. En México por ejemplo, la reforma al artículo 27
Constitucional, referido a la tierra, fue cuestionada por miembros este mismo Comité
puesto que atenta contra la posesión comunitaria de la tierra que guarda una estrecha
relación con las culturas indigenas, sugiriéndole al gobierno mexicano una nueva reforma
que garantice la distribución justa de la tierra y su caracter inembargable,
imprescriptible e inalienable.
Sr. Presidente:
En México, un levantamiento indígena ha sacudido la conciencia de muchos mexicanos
con respecto a los Pueblos Indigenas. Sin embargo, a pesar del discurso pacifista del
gobierno federal, las poblaciones indigenas se han visto hostilizadas por
la presencia militar, la cual ha aumentado en los ultimos meses no solo en Chiapas, sino
en todas las zonas indígenas del pais; persiste y se agrava la actuación de grupos
paramilitares entrenados, apoyados o financiados por el agentes o exagentes
gubernamentales, siendo la actuación más grave la masacre de Acteal, donde fueron
asesinados 15 niños, 21 mujeres y nueve hombres desarmados, todos ellos indígenas.
La cantidad de muertes violentas en Chiapas desde el supuesto cese al fuego, es de más
de 1,500 y el numero de refugiados internos por la violencia, supera con mucho los 10,000.
Existe un patrón grave de tortura, detenciones ilegales, desapariciones,
amenazas y asesinatos en contra de Iíderes indígenas de oposición y una campaña
xenofobica en contra de aquellos extranjeros que se solidarizan con la vigencia de los
derechos humanos internacionalmente reconocidos, entre los que se encuentran observadores,
periodistas, y sacerdotes de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
acusados de participar en acciones políticas; pero también en contra de partidos de
oposición y Organizaciones Civiles Mexicanas.
Las preocupaciones y recomendaciones del Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial, y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales,
firmado y ratificado por el gobierno mexicano, coinciden con las demandas indígenas
en México y están plasmadas en los Acuerdos de San Andrés firmados por el Gobierno
Federal y el Ejrécito Zapatista de Liberación Nacional.
El Gobierno Federal se ha negado a aceptar la propuesta de Reforma Constitucional
elaborada Comisión de Concordia y Pacificación (organismo mediador del poder
legislativo) y que recoge los acuerdos de San Andrés, e hizo su propia propuesta
imponiéndola para su discusión ante el poder legislativo. Esta propuesta unilateral por
parte del gobierno no solo traiciona los Acuerdos de San Andrés anteriormente pactados
entre las partes en conflicto, al Convenio 169 sobre Pueblos Indigenas y
Tribales de la OIT, e incluso a la Consulta Nacional sobre Derechos y Participación
Indigena, que el mismo gobierno realizó por medio del Congreso de la Unión, sino que
además viola el espiritu del Diálogo y de la Paz, ya que rompe el acuerdo político y
vinculatorio entre las partes; abre la posibilidad de la derogación del marco politico y
jurídico de la negociación y posibilita las acciones policiaco-militares encaminadas a
una mayor polarización social y una nueva confrontación armada abierta, es decir la
guerra .
Sr. Presidente:
La preocupación del gobierno mexicano es que, al garantizar algunos derechos de los pueblos indigenas, se vulnere la soberanía del país en un proceso de "balcanización", sin embargo, es su actitud la que está provocando el desmembramiento del país bajo el peligro de una guerra cruenta. Si el gobierno reconsiderara su actuar, no solo estaría promoviendo y respetando el derecho de los pueblos indígenas, sino que fortalecería la democracia y la unidad nacional en una nueva relación entre gobierno y sociedad, como ejemplo para muchos otros países.
Muchas Gracias, Senor Presidente.
UN Press release, english summary
EMMA C. MAZA, of Service, Peace, and Justice in Latin America, said it was concerned
over the situation
of indigenous peoples, who in many cases lived in extreme poverty; one example was Mexico,
where such
peoples suffered from endemic poverty that reflected racial discrimination predominating
there. Land
distribution remained a serious difficulty and cause of suffering there; in Mexico an
indigenous uprising had
shaken the conscience of many Mexicans, but nonetheless a military presence in all
indigenous areas of the
country, along with paramilitary groups, were exerting pressure and even causing massacres
of indigenous
residents. More than 1,500 people had been killed in Chiapas since the 'cease fire' there;
those who
supported them were subject to reprisals as well; Constitutional reforms drawn up had been
refused by the
federal Government in defiance of the San Andreas Agreements. Greater social polarization
was taking place
in a context of police and military abuse; one result could be war.