CISA   Consejo Indio de Sud América

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
Subcomición de Promoción y protcción de los Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas
19° periodo sesiones
23 a 27 de julio de 2001

CISA, en punto 4 del Programa

CISA ENJUICIA: BOLIVIA , “ACATA, PERO NO CUMPLE”

(El ESTADO boliviano contra la NACION Aymara-qhichwa)

El Consejo Ejecutivo del CONSEJO INDIO DE SUD AMERICA (CISA), reunido de
emergencia en el Ayllu de Charapaki - El Alto, en vista de la situación dramática que vive la Nación
Aymara - qhichwa sojuzgada por el Estado boliviano y más precisamente desde abril y septiembre de
2000, DENUNCIA y ENJUICIA lo siguiente:

Primero.- Desde 1985 cuando se impuso el modelo NEOLIBERAL, Bolivia se arrastra en una
larga agonía, como consecuencia de la acumulación de hechos lesivos a los derechos humanos y
libertades fundamentales del Pueblo Aymara-qhichwa.

Segundo.- En el tiempo transcurrido el modelo ha fortalecido el poder político y económico del
15% de la población que es la Casta gobernante y ha empeorado la situación de pobreza y miseria
del 85% que es el Pueblo Aymara-qhichwa.

Tercero.- La Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en
legítima representación y defensa de los intereses socio-político-económicos del Pueblo
Aymara-qhichwa, ha planteado 50 Puntos reivindicativos que el gobierno de Banzer los aceptó y
firmó el llamado “Acuerdo del 7 de octubre de 2000”.

Cuarto.- El Pueblo Aymara-qhichwa por intermedio de la CSUTCB. su máximo organismo
interlocutor, ha venido exigiendo el cumplimiento del mencionado “Acuerdo”, pero el gobierno de
Bolivia, en vez de rendir cuenta de lo cumplido, ha preferido movilizar (1/7/2001) las fuerzas militares
en torno a la zona lacustre, donde está Achakachi, el bastión aymara de la resistencia de abril y
septiembre de 2000.

Quinto.- El gobierno de Banzer, “acata o acepta todo, pero no cumple”. No hay voluntad política
para solucionar los problemas emergentes de la “Capitalización” o venta de los bienes del Estado: a)
los jubilados rentistas con su “Acuerdo de Patakamaya” tenían que morir antes de ver el cumplimiento
del acuerdo; b) los trabajadores de la Empresa “Tierra”
languidecieron por medio año en La Paz, al no encontrar solución favorable del gobierno; c) los
pequeños prestatarios que por tres meses padecieron hambre y frío, durmiendo en una plaza, antes
de tomar una medida extrema de desesperación; d) los mineros cooperativistas; e) los Maestros
jubilados reclaman la devolución de sus aportes encautados por el gobierno y siguen otros
movimientos reivindicativos.

Sexto.- La casta gobernante que rodea al Gral. Banzer: no dialoga, impone; no discute, amenaza;
acepta y no cumple; promete y engaña; jura y perjura; a la demanda civil responde militarmente;
“Capitaliza” los bienes del Estado y no hay beneficio para el Pueblo; subasta los recursos naturales y
no hay beneficio para el Pueblo; ante todo reclamo, reprime y masacra. Por otra parte, este gobierno
está en estado avanzado de CORRUPCION, todos los días, al presionar cualquier punto de la
administración pública, SALTA LA PUS. Según Transparencia Internacional: Bolivia es el país más
corrupto del continente.

Séptimo.- Los Estados neocolonialistas tienen la costumbre de reprimir a los Pueblos Indios a puertas
cerradas y ahora exigen “no injerencia en asuntos internos”. Sin embargo, dentro de la política de
integración que los mismos Estados proclaman, Bolivia no es un país aislado, tiene compromisos y
obligaciones ante las Naciones Unidas y organismos
internacionales. Entonces tiene que responder de su conducta con relación al Pueblo
Aymara-qhichwa. La opinión pública dicha “nacional” y la internacional deben condenar el
avasallamiento de las comunidades aymara-qhichwas, por la policía antimotines, por agentes civiles,
por las tanquetas de guerra y por la soldadesca desplegada en las carreteras del territorio lacustre
de Umasuyu.

Octavo.- El Estado boliviano ha ratificado y suscrito los siguientes instrumentos jurídicos
internacionales, tocantes a los Derechos Humanos y Libertades fundamentales de los Pueblos
Indígenas:

1.- La Carta de las Naciones Unidas.
2.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
3.- Los Convenios sobre los Derechos políticos, sociales, económicos y culturales.
4.- El CONVENIO 169/1989 de la O.I.T. Etc. Sobre la base de estos principios, en 1994 ha
modificado su Constitución Política del Estado (C.P.E.), ha planteado la Reforma Educativa,
la Ley INRA, la ley de Participación Popular y mismo ha acatado el Principio de la “LIBRE
DETERMINACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS”, pero Bolivia es un país adoquinado de
buenas  intenciones. Todo queda en los papeles y en los anaqueles de los Ministerios.

Noveno.- Bolivia es un escenario tragicómico, los “melgarejos y olañetas” en defensa de la Casta
gobernante, todos se han bañado en la sangre aymara-qhichwa y es lamentable constatar que el Gral.
Bánzer tiene en su haber “La Masacre de Tolata” 1974, “Masacre de Cochabamba” abril 2000,
“Masacre de Achakachi” Sept.2000. Dentro de esta serie de impunidades, lo que sucedió ayer 15
de Julio, es CONDENABLE, el ejército apostado en la carretera El Alto -
Warina, ha reprimido una ASAMBLEA CAMPESINA en JANQ’U-AMAYA con una decena de
heridos, por bala, balines y bombas lacrimógenas.

Décimo.- El CISA que tiene su status consultivo a nivel ECOSOC de las Naciones Unidas, está
obligado a rendir informe de la situación que la Nación Aymara-qhichwa vive sojuzgada en sangre
por el Estado boliviano. La O.N.U. tiene que usar de su deber de “injerencia humanitaria” y pedir el
informe correspondiente. Ciertamente los territorios indios usurpados por el Estado boliviano son
ricos en variados recursos naturales, los cuales son subastados sin beneficio real para el Pueblo. Hay
pobreza rayana a la miseria y por tanto hay convulsión social. Ante esta situación el Pueblo Aymara -
qhichwa con todo derecho, exige la autogestión económica y autodeterminación política.

Ayllu Charapaki- El Alto, 16 de Julio de 2001.

Fdo. Consejo Político

Leido por Tomás Condori, representante del CISA, en punto 4 del Programa
Ginebra, 24 de julio de 2001