ORGANIZACIÓN INDIGENA INTERNACIONAL con STATUS CONSULTIVO EN EL CONSEJO ECONOMICO SOCIAL - ECOSOC - NACIONES UNIDAS

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
58º periodo de sesiones
Tema 15 Cuestiones Indígenas

El Consejo Indio de Sud América (CISA) tiene a bien elevar el presente informe a consideración del de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Bolivia, Chile y Canada:

SITUACIÓN EN BOLIVIA (por CIDSA, Comisión Internacional por los Derechos de los Pueblos Indígenas)

El Estado boliviano ha ratificado la Carta de las Naciones, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre los derechos Económicos, Culturales y Sociales, el Pacto Internacional sobre los Derechos Políticos y Civiles, el Convenio 169 sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros instrumentos jurídicos internacional en materia de derechos humanos de las Naciones Unidas y de Organismos Intergubernamentales.

La situación de los pueblos indígenas que constituyen el 80 a 90% del total de la población del país se encuentran en una situación de extrema pobreza, miseria y abandono de parte del Estado boliviano.

Los pueblos indígenas organizados en la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) desde 2000 vienen luchando por la dignidad, tierra y territorio con movilizaciones a nivel nacional y regional.

Las movilizaciones consistían en bloqueo de las carreteras alfombrando con piedras y bloqueo de productos agropecuarios. Dichas movilizaciones por el gobierno boliviano en primera instancia siempre han sido respondidas con la represión policial y militar, luego el diálogo y finalmente terminaban con la firma de un acuerdo o convenio. La represión policial y militar con tanquetas de guerra ha tenido como resultado varios muertos, heridos, detenidos, perseguidos de humildes y indefensos indígenas, inclusive en algunos casos han sido llevados a tribunales militares. Los policías y militares durante las invasiones a territorios indígenas de Aymra y qhichwa han decomisado bicicletas, radioreceptores, herramientas de trabajo agropecuario. Por ejemplo, en la primera y segunda movilización de los meses de abril y septiembre de 2000 y en la tercera movilización de junio y julio de 2001 con varios indígenas aymaras muertos y en la cuarta movilización de febrero de 2002 con una docena de muertos entre indígenas, policías y militares tanto en altiplano de La Paz y en la zona del Chapare de Cochabamba. Una vez sucedido hechos luctuosos a solicitud de la CSUTCB, el gobierno recién aceptaba sentarse en la mesa del dialogo, en algunos casos intermediado por la iglesia católica, Defensor del Pueblo, Asamblea Permanente de los Derechos de Bolivia, en otros casos por el Sindicato de la prensa y autoridades universitarias.. El 23 de agosto de 2001, el Gobierno boliviano y la CSUTCB firmaron el Acuerdo de Pukarani, donde el gobierno boliviano entre otras cosas se comprometió indemnizar con un monto de cincuenta mil bolivianos por cada indígena originario fallecido, además de cubrir los gastos hospitalarios, medicamentos y/o de entierro. Al respecto, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Hacienda informaron que han promulgado la Resolución Biministerial No 171/001 que autoriza el pago a los familiares de las víctimas, pero, el gobierno no ha cumplido en identificar a los policías y militares responsables de los heridos y muertos de las movilizaciones. Exigiendo al gobierno el cumplimiento del Acuerdo de Pukarani, en el mes de febrero de 2002 se realizó la cuarta movilización indígena que también terminó con la firma de otro Convenio entre el Gobierno y la CSUTCB el 28 de febrero de 2002 en la Isla del Sol del Lago Titiqarqa (Titicaca), donde nuevamente el gobierno en materia de derechos humanos se comprometió cumplir varios puntos, por su mayor conocimiento transcribimos el texto íntegro.

DERECHOS HUMANOS

a) El Gobierno se compromete a pagar una indemnización (fuera de la pensión vitalicia), de acuerdo al anterior convenio, por un monto de Bs.50.000 (cincuenta mil bolivianos 00/100) por persona fallecida en las movilizaciones del mes de febrero, entregándose ese monto a la comisión facilitadora y a la comisión de DD..HH. de la CSUTCB, quienes harán la entrega a las beneficiarios y posterior descargo ante el Ministerio de Gobierno.

b) La CSTUCB y Gobierno solicitarán la Resolución Camaral al Senado Nacional para la otorgación de una pensión vitalicia en forma inmediata conforme al Art. 66 de la Constitución Política del Estado (dentro de la primera semana de funcionamiento del Senado), para familiares de fallecidos en todas las movilizaciones sociales a nivel nacional.

c) Instruir para evitar todos los excesos que enlutan a las familias bolivianas y el respeto del derecho a la vida.

- El Gobierno se compromete a cubrir, en forma inmediata, los gastos de sepelio, hospitalarios de valoración, atención médica, farmacia y rehabilitación de todas las personas heridas durante las movilizaciones del mes de febrero del 2002, en base a la relación nominal a presentar por la comisión de DD.HH: de la CSUTCB, así como la devolución de gastos de valoración, atención médica, farmacia, realizados por los afectados previa verificación entre el Gobierno y la CSUTCB.

- El Gobierno se compromete a indemnizar a las personas que resultasen con invalidez parcial o permanente, de acuerdo a la Ley General del Trabajo, previa valoración por parte del Tribunal Médico nacional Calificador de Incapacidades, dependiente de la Caja Nacional de Salud. El Ministerio de Gobierno a través de la Dirección General del Régimen Interno, coadyuvará en la tramitación correspondiente apoyo a los afectados.

- El Gobierno solicitará a los organismos pertinentes la inmediata investigación y identifique a los responsables de los heridos y muertos a nivel nacional en las movilizaciones sociales de abril y septiembre del 2000, junio y julio 2001 (La Paz y Cochabamba) y del mes de febrero del año en curso, para posterior enjuiciamiento penal.

- El Gobierno garantiza la plena vigencia del fuero sindical de conformidades a los Artículos 1, 7, 159 inc. 1) y 171 de la Constitución Política del Estado; Ley General del Trabajo y Convenio 169 de la OIT.

- El gobierno ratifica el texto del Acuerdo de Pucarani.

- El gobierno y la Comisión de DD.HH. de la CSUTCB acuerdan realizar una investigación sobre el decomiso de bicicletas y otros daños emergentes de las movilizaciones sociales campesinas de febrero de 2002, además de atender las denuncias del caso Vargas.

SITUACÍON EN CHILE  (COMISION NACIONAL INDIGENA, PUREN - CHILE)

"Los derechos fundamentales de los Pueblos Indigenas en Chile continuan siendo violados sistematicamente. El Gobierno chileno no tiene y no muestra una voluntad politica, humana, y social para encausar una via democratica y dar soluciones adecuadas a la problematica Mapuche, no respetando y apartandose del espiritu de los consensos alcanzados por la comunidad internacional y la Comision de Derechos Humanos de la ONU".

En CHILE HOY:

a) no hay ninguna disposición constitucional que reconozca la existencia jurídica, física y cultural de los pueblos indígenas;

b) no ha sido ratificado el Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT);

c) no han habido cambios en las políticas económica, forestal, minera, de aguas y de agricultura que favorezcan a los pueblos indígenas;

d) no existe una política que asegure la recuperación de las tierras indígenas que han sido robadas;

e) no existe una política educacional que contemple la plurietnicidad del país, permita la construccion de un programa o metodologia curricular educacional Indigena;

f) no existe una real política de apoyo y de estímulo a las creaciones artísticas indígenas;

g) no existe una legislación que proteja, de manera efectiva, los lugares y sitios sagrados o ceremoniales de los pueblos indígenas (Ralco);

h) no existe una política que proteja, de manera efectiva, la flora y la fauna del país;

i) no existen programas ni políticas que combatan la discriminación;

j) no existen disposiciones jurídicas que aseguren, de manera real y efectiva, a los pueblos indígenas el goce y ejercicio de todos los derechos humanos y de todas las libertades fundamentales; y,

k) no existe la voluntad gubernamental para aceptar y/o implementar las recomendaciones y sugerencias que han hecho los órganos de control de instrumentos internacionales de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ( hoy dia en territorio chileno una comision de la FDIH).

Con respecto a la "cuestión de las tierras indígenas", los tribunales militares, los derechos humanos se debe recordar que el CERD (dcto.A/54/18) dice: "Al Comité le preocupan las controversias sobre tierras que se produjeron durante el período examinado entre la población mapuche y empresas privadas nacionales y multinacionales y provocaron tensión, violencia y enfrentamientos con los agentes encargados de hacer cumplir la ley que presuntamente condujeron a la detención arbitraria de varios miembros de la población indígena. " (pár. 375). Por su parte el CCPR (dcto.CCPR/C/79/Add.104), dice : a) "El Comité recomienda que se enmiede la ley para limitar la jurisdicción de los tribunales militares al enjuiciamiento de personal militar solamente, acusado de delitos de carácter exclusivamente militar. " (pár. 9); y, b) " El Comité recomienda que el Estado parte establezca un órgano independiente facultado para recibir e investigar todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza y otros abusos de poder por parte de la policía y otras fuerzas de seguridad. " (pár. 10).

Por lo tanto, consideramos pertinente que la Comisión de Derechos Humanos;

- Recomienda a las agencias internacionales de ayuda bilateral o mutilateral y a las agencias especializadas, programas y fondos de las Naciones Unidas que tengan debidamente en cuenta la necesidad de asegurar que las comunidades indígenas sean beneficiarias directas de los proyectos y programas que financien o patrocinen ;

- Solicita a las autoridades gubernamentales chilenas estudiar, conjuntamente con las organizaciones indígenas representativas, la implementación de las sugerencias y recomendaciones hechas por le Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y el Comité de Derechos Civiles y Políticos (CCPR) ;

- Solicita también a las autoridades gubernamentales chilenas la liberación de los presos indígenas, el cese inmediato de la actuación de los tribunales militares y la investigación, el procesamiento y, si fuere el caso, el castigo de todos los responsables (policiales y civiles) de tratos discriminatorios, detenciones arbitrarias y otros delitos cometidos contra las comunidades y personas indígenas;

- Pide a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que le presente, en su próximo período de sesiones, un detallado informe sobre la situación de los pueblos indígenas en Chile y, si fuere necesario, recomiende medidas oportunas, adecuadas y eficaces para superar situaciones o resolver problemas.

SITUACIÓN EN CANADA (Oral address by the Red Nation of Nordern Canada)

We are here through CISA and thank you Mr. Chairman for this opportunity to address the Commission. I am Adelard Blackman, a member of the Dené Nation of Nordern Canada. I have with me today as interested observers:

- Chief Sanford Big Plume of the Tsuu Tina Nation

- Chief Darrell Watson of the Plains Cree Nation

We last addressed the International Community at the 53rd Session of the Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights. Since then three observers from the Swiss-based organisation Incomindios have conducted an investigation into the issues raised then. From August 10 to November 15, 2001 they visited various reserves and interviewed many people, compiling 48 hours of taped evidence, reports and other documentary evidence, and they are preparing a report.

Evidence was given of corruption and misinformation. Although offers of settlement have been accepted by our people, we belitve that these acceptances should be seen in the light of this corruption and misinformation, particularly considering how inadequate those settlements are to meet our needs for education, healthcare and development.

As we have educated ourselves, we have become increasingly painfully aware of the erosion and extinction of our values as People. Canada treatied with us as Sovereign Nations but passed legislation excluding us from the definition of "persons".

Last summer we relied on a recommendation of the Human Rights Committee of April 1999 that "the right to self-determination requires, inter alia, that all peoples must be able to freely dispose of their wealth and natural resources, and that they may not be deprived of their own means of subsistence" (Observations on Canada, April 1999, art. 1 para. 2). In those observations the Committee recorded the Canadian government's acceptance that the situation facing the aboriginal peoples remains "the most pressing human rights issue facing Canadians."

We have to inform the International Community that three years later

- The disease, unemployment, incarceration and suicide rates amongst our people are many times higher than those of the general population;

- Aboriginal land claims remain excluded from the general protection of Human Rights in the Canadian Charter of Rights.

We live in Third World conditions while multi-national companies reap the benefits of our resources,

The very existence of our Nations is at stake. Four centuries we have been the Keepers of the Land. Without fair access to our land and resources we stand to lose our identity as a people.

So much was presented to the observers from Incomindios. The allegations we make are serious. We ask that a Special Raporteur and an independent United Nations team come to our lands to see for themselves what is happening to us.

We come before you today to bring our plight to the International Community and to seek its help in our struggle for justice according to the rule of law and a respect for our fundamental rights.

Thank you, ma chee chou.

Adelard Blackman,

15th april 2002